Matanzas de Paracuellos

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Se conocen como Matanzas de Paracuellos los hechos acaecidos en la vega del Jarama (en el municipio de Paracuellos de Jarama) y en la vega del Henares (en el municipio de Torrejón de Ardoz) en noviembre de 1936, cuando fueron fusilados en masa y sin juicio previo varios miles de presos trasladados desde diversas cárceles de Madrid bajo control del gobierno republicano. Las ejecuciones extrajudiciales, que se prolongaron sin apenas pausa a lo largo de todo un mes, constituyen la mayor masacre contra no combatientes realizada durante la Guerra Civil española.

[editar] Los hechos

El 6 de noviembre, ante el avance de los rebeldes, que se hallan a las puertas de Madrid, el gobierno republicano se retira a Valencia y se forma la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, en la que el joven Santiago Carrillo, de 21 años y recién afiliado al PCE, es designado Consejero de Orden Público.

Uno de los asuntos que debe afrontar la nueva Junta es impedir, en lo posible, que si se produce la caída de la ciudad el ejército rebelde aumente su potencial ofensivo con los presos de las cárceles (Modelo, Porlier, Ventas y otras), muchos de ellos militares y civiles simpatizantes de los rebeldes. Así, a la mañana siguiente, el 7 de noviembre se decide evacuarlos a prisiones alejadas de Madrid. A la mañana siguiente parte un convoy de autobuses de línea regular pertenecientes a la Sociedad Madrileña de Tranvías, que traslada a los presos con destino a otras cárceles fuera de la ciudad, pero se desvía hacia la vega del Jarama (en el municipio de Paracuellos de Jarama), y allí los presos son fusilados. Los sucesos se repiten dos días después, esta vez en la vega del Henares (en el municipio de Torrejón de Ardoz). Los asesinatos en masa se paran, momentáneamente, el día 27, por la protesta del Cuerpo diplomático acreditado en Madrid, que ya el día 7 había advertido a Carrillo de los hechos. Carrillo sin embargo, aunque reconoció en sus memorias la conversación con el embajador noruego, ha sostenido en todo momento no estar al corriente de las matanzas.

No obstante, a pesar de las declaraciones en contrario de las autoridades republicanas, los fusilamientos se reanudaron de nuevo. Ni las protestas del cuerpo diplomático ni el posible deterioro de su imagen internacional lograron detener los asesinatos extrajudiciales. Fue el anarquista Melchor Rodríguez García, llamado "El Ángel Rojo", nombrado Inspector de Prisiones el 8 de diciembre, quien con su enérgica actuación individual logró detener las matanzas masivas de presos.

[editar] Las víctimas

Las víctimas fueron depositadas en 6 fosas excavadas en Paracuellos entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, en algunos casos por los propios vecinos del pueblo de Paracuellos, obligados a ello pistola en mano. Una última fosa, la número 7, fue excavada en 1940, una vez acabada la guerra, para acoger los cadáveres de los fusilados en Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz), Boadilla del Monte y otros lugares de Madrid. Estos fueron trasladados al cementerio de Paracuellos en féretros individuales y con toda formalidad.

El número total de fusilados en los campos de Paracuellos y de Torrejón ha sido desde el principio motivo de disputas políticas. Resulta incalculable porque, al número de presos "sacados" de las cárceles madrileñas mediante listas nominativas (elaboradas de forma caprichosa, a menudo con el único criterio de lo ilustre de los apellidos de los detenidos), hay que sumar un número indeterminable de ejecutados en pequeños grupos o individualmente y de los que no se conserva referencia escrita. También dificulta el recuento la pŕactica por parte del Gobierno republicano de realizar una supuesta orden de traslado a otras cárceles, o incluso de «libertad», que permitía completar con apariencia de legalidad los expedientes carcelarios sin dejar rastro formal de los crímenes.

Pese a todo y aunque probablemente no podrá saberse nunca la cifra exacta, la historiografía actual cuenta ya con datos bastante precisos. El historiador Ian Gibson ofrece el número de 2750, pero tomando solo el número de identificados, no de muertos, a partir de los datos del también historiador Ricardo de la Cierva (hijo de uno de los fusilados). Este autor elevaba la cifra de muertos hasta 10.000, cantidad que se considera totalmente exagerada pues no hubo tantos desenterramientos. Los datos actualmente más fiables parecen obrar en poder de J.A. Ezpeleta, que ha identificado completamente a 4200 personas, a los que hay que añadir 700 más traídas después de la guerra desde otros enclaves de Madrid, incluidos los 414 fusilados en una acequia en desuso en Soto de Aldovea, próximo a Paracuellos, el 8 de noviembre de 1936 y de los que los familiares solo lograron identificar a 96.

En cuanto a la tipología de las víctimas, había un elevado número de sacerdotes, religiosos, militares, estudiantes y personas simplemente consideradas «derechistas», entre las que hay documentados varios casos de padres e hijos y de hermanos sacrificados juntos. La mayoría fueron detenidos en Madrid (o trasladados a las cárceles madrileñas desde otras localidades) al inicio de la guerra, sin haber disparado un solo tiro y sin haber recibido acusación concreta ni juicio alguno. En una de las sacas, la del día 27 de noviembre procedente de la cárcel de San Antón, encontró la muerte el dramaturgo español Pedro Muñoz Seca. Muñoz Seca, que conoció días antes el fin que le esperaba y tuvo tiempo de escribir a su mujer, dejó dicho a otro preso: «Se me acusa de monárquico, por haber llevado a Roma para Don Alfonso XIII el manto de la Virgen del Pilar. Con este manto voy a morir yo también». Otra víctima ilustre fue Ricardo de la Cierva Codorníu, joven abogado que trabajaba para la embajada noruega, al frente de la cual estaba Félix Schlayer, quien fue el que descubrió las fosas en Paracuellos precisamente siguiendo la pista de su abogado. De la Cierva, muerto el 7 de noviembre en una de las sacas procedentes de la cárcel Modelo (situada en Moncloa, hoy ya no existe), era hermano de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro, e hijo de Juan de la Cierva Peñafiel, varias veces ministro de Alfonso XIII, y padre del historiador Ricardo de la Cierva.

[editar] Los responsables

No está clara la responsabilidad última de estos crímenes, algunos historiadores sostienen que podría haber sido del general Miaja, máxima autoridad de la Junta de Defensa; de alguno o varios de sus miembros, de Santiago Carrillo o Antonio Mije, consejeros, respectivamente, de Orden Público y de Guerra; de Segundo Serrano Poncela, delegado de Orden Público. Carrillo ha argüido que Paracuellos de Jarama no se encontraba dentro del área de jurisdicción de la Junta de Defensa para sostener su inocencia, aunque las cárceles desde donde partieron todos los traslados de presos sí que lo estaban. También se ha sostenido que podría haber sido de las autoridades de la Dirección General de Seguridad, cuyo Director, Manuel Muñoz Martínez es quien firma las órdenes de traslado de los presos (Vidal, 2004, pág. 130).

Otras hipótesis, mucho más improbables, derivarían la responsabilidad hacia las autoridades de las diferentes cárceles de donde salieron los presos o a una iniciativa de los componentes de los convoyes. También se ha barajado la posibilidad de que, interceptados por los controles diseminados en todas las carreteras, fuesen estos los que forzasen las ejecuciones. En todo caso las ejecuciones se prolongaron durante casi un mes y hasta el 4 de diciembre no se logró paralizarlas, por lo que cabe pensar que, al menos, contaron con la complicidad o anuencia de alguno o algunos superiores.

Los testimonios de Jesús Galíndez Suárez, Gueorgui Dimitrov y Félix Schlayer (quien le informó en persona de lo que estaba sucediendo), esgrimidos como prueba de la culpabilidad de Carrillo tanto por historiadores conservadores como César Vidal, Pío Moa, Ricardo de la Cierva o Stanley G. Payne, así como por algunos claramente comprometidos con la causa republicana (Guillermo Cabanellas), son desestimados por la historiografía dominante (Alberto Reig Tapia, Enrique Moradiellos, Paul Preston y Javier Tusell, entre otros). El propio Carrillo ha negado siempre que conociese los hechos, o que diese la orden, aunque últimamente ha reconocido cierto grado de responsabilidad: «Si tuve alguna responsabilidad en aquel episodio fue la de no haberlo evitado».[1]

Al decir de Félix Schlayer:

Recibimos toda clase de promesas de buena voluntad y de intenciones humanitarias con respecto a la protección de los presos y al cese de la actividad asesina. Él (Carrillo) pretendía no saber nada de todo aquello, cosa que me parece inverosímil. A pesar de todas las promesas, aquella noche y al siguiente día continuaron los transportes de presos que sacaban de las cárceles sin que Miaja ni Carrillo se creyeran obligados a intervenir. Y entonces sí que no podían alegar desconocimiento, ya que estaban informados por nosotros. —Diplomat in roten Madrid (1938)

El hispanista irlandés Ian Gibson no niega la participación de Carrillo, pero tiende a justificar las susodichas matanzas porque Madrid vivía unos momentos delicados con las tropas fascistas en sus puertas o los desmanes que cometieron los rebeldes, en Badajoz, Sevilla y Granada tuvieron parte de la culpa de lo que ocurrió en Paracuellos.

[editar] Balance

[editar] Véase también

Víctimas de la Guerra Civil Española

[editar] Bibliografía

Aróstegui, Julio y Martínez, Luis. La Junta de Defensa de Madrid, Comunidad de Madrid, Madrid, 1984. ISBN 84-505-0088-5
Gibson, Ian Paracuellos: cómo fue, Plaza & Janés, Madrid 1987. ISBN 84-01-45076-4
Schlayer, Félix. Matanzas en el Madrid republicano, Áltera, Madrid, 2006. ISBN 84-89779-85-6
Vidal Manzanares, César. Checas de Madrid, DeBolsillo, Madrid, 2004. ISBN 84-9793-168-8
Vidal Manzanares, César. Paracuellos-Katyn: un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, LibrosLibres, Madrid, 2005. ISBN 84-96088-32-4