Historia de Uruguay
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Éste artículo trata acerca de la historia de Uruguay. Abarca la historia del actual territorio de dicho país, desde antes de que se constituyera como estado hasta la actualidad.
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[editar] Época precolombina y colonización
Los habitantes del actual territorio de Uruguay antes de la llegada de los españoles eran las etnias de indígenas mayoritariamente nómadas de los conjuntos pámpido y amazónido: charrúas, chanaes, guaraníes, yaros, bohanes, tapes, güencas o guenoas y arachanes, siendo los charrúas (del conjunto pámpido) los más importantes y los que más resistencia ofrecieron a los europeos.
Los españoles llegaron al actual territorio uruguayo en 1516. En 1527 Sebastián Gaboto, a las órdenes de la monarquía española, construyó un fuerte en la desembocadura del río que llamó San Salvador. Luego, el 30 de mayo de 1574, Juan Ortiz de Zárate fundó en las proximidades de las ruinas del mencionado fuerte la primera villa europea, llamada también San Salvador, mientras que en 1624 los misioneros jesuitas fundaban una reducción a orillas del Río Negro (o Hum), casi en la confluencia con el Río Uruguay. Tal reducción, llamada Santo Domingo Soriano, es el antecedente de la actual Villa Soriano, en el departamento de Soriano.
Empero la fuerte resistencia de los indígenas en contra de una posible conquista, sumada a la ausencia de oro y plata en la zona, limitaron el asentamiento en la región durante los siglos XVI y XVII, llamado en aquel entonces Banda Oriental. Los españoles ingresaron el ganado, el cual se adaptó fácilmente al territorio estableciéndose las Vaquerías del Mar. La ambición por colonizar se vio aumentada al verse la expansión de Portugal hasta las fronteras del actual Brasil.
En 1680 los portugueses, violando el Tratado de Tordesillas, fundan la Colonia del Sacramento frente a la ciudad de Buenos Aires, en su intento por extender sus dominios hasta el Río de la Plata, siendo objeto de disputas entre España y Portugal por aproximadamente un siglo. El primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Cevallos (o Zevallos) reconquistó el territorio, incluyendo los actuales Rio Grande do Sul y Santa Catarina.
Montevideo fue fundada oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el capitán español Bruno Mauricio de Zabala, llamado "Brazo de Hierro", comisionado por las autoridades establecidas en Buenos Aires. La nueva fundación recibió inicialmente el nombre de Fuerte San José, y luego de San Felipe y Santiago, aunque el lugar era conocido de antiguo por los españoles como Monte Ovidio, palabra derivada de lo que escribiera Fernando de Magallanes en 1520 al observar una bahía con un cerro: Monte vide eo (-un- monte vi yo). El origen del vocablo, que no se sabe con certeza, también puede provenir de las coordenadas geográficas del cerro que corona la bahía de la ciudad; comenzando la cuenta desde el límite geográfico natural al este del territorio en el Océano Atlántico, límite desde el cual fue descubierto por los navegantes europeos, el hoy cerro de Montevideo habría sido el sexto divisado por las huestes españolas, lo que habría llevado a la anotación Monte VI en D(irección) E(ste)-O(este); es decir, MonteVIDEO. La ciudad, gracias a su puerto natural y a su ubicación estratégica, siendo el primer punto de recalada para las embarcaciones provenientes del Océano Atlántico, pronto se convirtió en un centro comercial importante.
La primera parte del siglo XIX estuvo marcada por una lucha entre España y Portugal para poder obtener el dominio sobre la zona. Además, entre 1806 y 1807 el Reino Unido invadió Buenos Aires y Montevideo, pero fue derrotado y se retiró.
[editar] Lucha por la independencia
Iniciado el proceso revolucionario en Buenos Aires, en la llamada Revolución de Mayo de 1810, la Banda Oriental tardó en sumarse. El denominado Grito de Asencio, del 27 de febrero de 1811, se considera tradicionalmente el punto de partida de la revolución en el país. Rápidamente se ocuparon varias poblaciones y José Gervasio Artigas, hoy considerado máximo héroe nacional, se sumó a la revolución y lanzó una exitosa revuelta en contra de España venciendo a los realistas en la batalla de las Piedras, el 18 de mayo del mismo año, sitiando pocos días después la ciudad amurallada de Montevideo, último reducto de la colonia española en la Banda Oriental.
El envío de un contingente portugués en auxilio de los españoles llevó al Gobierno de Buenos Aires a pactar con los españoles, ordenando la retirada de las tropas revolucionarias de la Banda Oriental y parte de la Mesopotamia Argentina. Artigas acató el pacto, retirando el sitio de Montevideo. En un hecho insólito, casi toda la población de la Banda Oriental excepto Montevideo, lo acompañó en la retirada hasta el río Ayuí en el norte, dejando el territorio virtualmente vacío. A este acontecimiento se le denomina el Éxodo del Pueblo Oriental o también La Redota, y demostró el liderazgo de Artigas en el pueblo de la Banda Oriental.
La posición de Buenos Aires, aunque acatada, provocó fuerte malestar entre los orientales. A partir del 26 de febrero de 1813 se reanuda el sitio de Montevideo, que cae finalmente el 23 de mayo de 1814. Durante ese período se incrementan los enfrentamientos entre Artigas, partidario del Federalismo, y el gobierno de Buenos Aires. En 1815 Artigas logra reunir en la ciudad entrerriana de Arroyo de la China (actual Concepción del Uruguay) el protocongreso de la independencia argentina, con representantes de la Banda Oriental, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, las Misiones -mucho más extensas que la actual provincia argentina de ese nombre- y Santa Fe, aunadas en la Liga Federal a la cual fueron invitadas todas las otras provincias de los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata.
En 1821 la ahora llamada Provincia Oriental del Río de la Plata, actual Uruguay y ex Banda Oriental, fue anexada a Brasil por Portugal y unida a Río Grande con el nombre de Provincia Cisplatina (el uso del prefijo cis evidencia las intenciones lusobrasileñas de crear luego una provincia Transplatina con el territorio argentino), tras ser derrotado Artigas en el combate de Tacuarembó (1820).
Cinco años después, en 1825, y con el apoyo del gobierno argentino, un grupo de orientales, llamados los Treinta y Tres Orientales y liderados por Juan Antonio Lavalleja, invade la Provincia Oriental para retirar a los brasileros. Eventualmente se suma el general Fructuoso Rivera y en pocos meses logran retirar al ejército brasilero. El 25 de agosto de 1825, en el Congreso de Florida, se declara la independencia del territorio oriental, y su voluntad de formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (actual Argentina).
Las Provincias Unidas derrotaron a Brasil luego de una lucha de tres años, la batalla decisiva fue la de Ituzaingó. Sin embargo, los problemas económicos obligaron a aceptar reclamos brasileños y británicos, por lo que el 28 de agosto de 1828, bajo la vigilancia del Reino Unido, se firma la Convención Preliminar de Paz donde se establecía la creación de un estado independiente de Argentina y de Brasil en el territorio.
La primera constitución nacional fue adoptada el 18 de julio de 1830, donde se le dio el nombre de República Oriental del Uruguay al novel país. Pese a obtener que Brasil abandonara las pretensiones sobre la actual República Oriental del Uruguay, el estado brasilero mantuvo ocupada una gran parte de la Banda Oriental: las nacientes del Río Negro en el nudo de Santa Tecla y todo el extenso territorio entre el Río Cuareim y el río Ibicuy (en grafía portuguesa: Ibicuí) y su curso alto llamado río Santa María. También por el noroeste lograron correr a su favor las fronteras los brasileños pese a haber sido derrotados, en efecto, la frontera del noroeste pasó de ser el Piratiny o Piratiní a ser el Río Yaguarón.
[editar] Independencia
El primer presidente electo bajo la Constitución de 1830 fue Fructuoso Rivera, desplazando a Lavalleja que no era de ningún modo del agrado de los brasileños. Luego fue sucedido por Manuel Oribe, quien pronto tuvo enfrentamientos con su antecesor. Manuel Oribe fue obligado a dimitir y fue remplazado por el propio Rivera que contaba con apoyo de Brasil.
Pronto Oribe buscó retomar el poder con el apoyo del gobernador argentino de Buenos Aires, el federal Juan Manuel de Rosas, en tanto que Rivera recibía el apoyo de varias potencias europeas. En esa época tuvieron origen las divisas blanca (seguidores de Oribe) y colorada (seguidores de Rivera) que con el tiempo se consolidarían en los partidos Nacional (Blanco) y Colorado que gobernarían el país durante la mayor parte de su historia. El enfrentamiento armado se prolongó hasta 1850 en la llamada Guerra Grande, durante la cual la mayor parte del país estuvo bajo el control de Oribe, excepto el recinto de Montevideo que permaneció bajo control colorado incluso luego del alejamiento de Rivera del poder. Sin embargo Oribe estableció la capital del estado oriental prácticamente a extramuros de la antigua Montevideo, fundando la ciudad de Villa Restauración (actualmente el barrio de la Unión). Oribe fue el primer oriental que homenajeó oficialmente a Artigas bautizando con el nombre del prócer a la principal calle de Villa Restauración. Durante este período varias legiones extranjeras (franceses, italianos, etc.) apoyaron la defensa de Montevideo siendo especialmente notable la participación de Giuseppe Garibaldi quien comandara las fuerzas navales de Montevideo.
En 1849, tras aplastar el imperio del Brasil a la República Riograndense al concluir la guerra llamada por los brasileños "Guerra de los Harapientos" (v: Guerra de los Farrapos), arreciaron las incursiones y ataques brasileños sobre el territorio uruguayo. En octubre de 1851 el llamado gobierno de Montevideo cedió al Brasil el territorio ubicado entre el Río Cuareim y el Ybicuy (o Ibicuí). En 1852, derrotadas las tropas uruguayas al comando de Oribe, tal cesión territorial fue ratificada estableciéndose los brasileños en Uruguayana o Uruguaiana en ese mismo año 1852.
[editar] Modernización y Militarismo
La Modernización es un concepto que engloba el período de militarismo que comienza en 1876, tras un caos político presidido por la Revolución de las Lanzas de Timoteo Aparicio, y finaliza en el siglo XX con las reformas impulsadas por José Batlle y Ordóñez.
El 10 de marzo de 1876 se efectuó una amplia reunión de comerciantes, hacendados y extranjeros residentes que ante la acefalía en el poder y las graves crisis que enfrentaba el país, debido en gran parte a la inoperancia de los gobiernos democráticos decidieron ofrecerle el poder al Ministro de Guerra Coronel Lorenzo Latorre. Éste aceptó y tomó el poder como "gobernador provisorio".
Los objetivos principales del régimen latorrista fueron el logro de la paz interna y el orden (en la campaña, sobre todo) y la afirmación del derecho a la propiedad privada.
El militarismo significó desde el ángulo político, la sustitución de las banderías tradicionales (blancos y colorados), por el gobierno de los grupos de presión más fuertes en lo económico, aliados al grupo de presión más fuerte en el poder real y coactivo: el ejército. La inoperancia, la debilidad y el tono artificial que había asumido paulatinamente la superestructura política de la República, se tradujo pues en una asunción del poder casi directa por parte del alto comercio, la clase alta rural y los inversionistas extranjeros. Latorre se basó en los progresos técnicos de la época, para consolidar la estabilidad política del país.
Los fusiles Mauser y Remington le dieron al ejército un poder incontrastable e inalcanzable para los revolucionarios por su costo. La importancia del telégrafo radica en la velocidad para transmitir información hasta los lugares más alejados de la capital. El ferrocarril permitió el rápido traslado de tropas, para sofocar las revoluciones.
También produjo una modernización del aparato jurídico sustituyendo a los alcaldes por jueces letrados departamentales. Simultáneamente se aprobaron los Códigos de Procedimiento Civil e Instrucción Criminal en 1878, así como el Código Rural y la creación del Registro de Embargos e Interdicciones. En 1879 se aprobó la Ley de Registro de Estado Civil, con la cual pasó a manos del Estado una función realizada hasta el momento por la Iglesia. Los juzgados de Paz, comenzaron a llevar cuatro registros: de nacimientos, de defunciones, de matrimonios y de reconocimientos y legitimaciones.
En materia económica y para mejorar las condiciones del campo, Latorre se cercioró de la consolidación del derecho de propiedad privada mediante el Código Rural de 1879, que establecía la medianería obligatoria, lo que le dio un enorme impulso al cercamiento de los campos. Estableció la Oficina General de Marcas y Señales en la que debía solicitarse las marcas de ganado para evitar repeticiones y fraudes y asegurar la propiedad del ganado. Otra medida que se implantó como ayuda para consolidar el orden interno en la campaña, fue la autorización dada a los grandes propietarios para establecer policía particular a cargo del comisario.
El alambre consolidó el régimen vigente de la propiedad de la tierra. En segundo término, eliminó al minifundista ganadero y provocó la primera desocupación en el país al eliminar el trabajo de muchos peones, agregados y puesteros. Esto provocó su concentración en los suburbios de los poblados, de ciudades del interior y en Montevideo, dando origen a lo que se empezó a conocer como rancheríos.
Una de las reformas más importantes durante el gobierno del Coronel Latorre fue la educativa, impulsada por José Pedro Varela quien se encontraba a la vanguardia en materia de las nuevas corrientes pedagógicas.
Latorre abrió cauce a la efectivización de los proyectos varelianos, una situación que señala el historiador Enrique Méndez Vives en "El Uruguay de la Modernización" como paradojal, habida cuenta de las características del régimen. Varela entendió que lo importante era llevar a cabo la reforma educativa, que contribuiría a la eliminación de gobiernos semejantes en el futuro. "La escuela es la base de la República; la educación, la condición indispensable de la ciudadanía. Todas las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la República, sólo tienen un medio posible de realización: educar; educar; siempre educar...".
El decreto ley de la Enseñanza Común fue aprobado el 24 de agosto de 1877. Estableció tres principios básicos, que hasta hoy siguen presentes. La educación ha de ser: gratuita, obligatoria y laica. Los dos primeros principios pudieron ser llevados a cabo sin grandes dificultades. El freno estuvo en el aspecto de la laicidad. Entonces Varela propuso, como transición, que el catolicismo fuera enseñado a los alumnos cuyos padres así lo solicitaran.
Más que reformar, Varela creó un sistema educativo. Dio contenidos científicos a los programas de estudio; seleccionó personal docente dando amplia participación a la mujer; implantó la descentralización administrativa, procurando la participación popular en el mejoramiento de la escuela pública.
Latorre no desarrolló un gobierno a favor de la clase militar, pero tuvo importantes cantidades de autoritarismo lo que ayudó para forjar un Poder Central capaz de encarrilar al país en las normas necesarias para el desarrollo de una economía moderna. Defensa de la propiedad privada de la tierra y del ganado, establecimiento del patrón oro, reanudación del pago de la deuda pública; pero también, modernización técnica y administrativa del Estado.
[editar] La Suiza de América
A finales del siglo XIX el país había completado su organización y durante la etapa batllista consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, equiparables a los europeos. Debido a esto, Uruguay comenzó a ser conocido como "la Suiza de América".
La mayor parte del esfuerzo del primer mandato de José Batlle y Ordóñez se destinó en asuntos políticos que incluyeron los levantamientos de 1903 y 1904, protagonizados por Aparicio Saravia y el Partido Nacional. De esta manera se pudo consolidar definitivamente la autoridad del poder central en toda la República. Poco, fue el tiempo que quedó para la realización de la obra económica y social.
En el plano económico se destaca: la erogación de 3 millones de pesos, con destino a la construcción y mejora de caminos de la campaña. Se intentó favorecer el surgimiento de la industria nacional y disminuir la dependencia del exterior por la importación de azúcares a través de una ley en la que se otorgaban varias primas anuales y semillas seleccionadas. Se ampliaron también, las obras de la Usina de Luz Eléctrica. En el plano financiero, existió el deseo por parte del Ejecutivo de lograr una paulatina independencia del financiamiento inglés. En el plano educativo, en 1903 se creó la Facultad de Comercio (futura de Ciencias Económicas) y en marzo de 1907 la Facultad de Veterinaria y Agronomía. Se trataba de tecnificar el comercio y el agro desviando a los hijos de estancieros de las tradicionales carreras de abogado y médico. Se proyectó la instalación de diez liceos departamentales, procurando otorgar en el interior de la República elementos de cultura superior a la de la enseñanza primaria.
En el plano político, la tarea fue absorbida por los levantamientos armados producidos por la política exclusivista de partido desarrollada por Batlle y la negativa del Partido Nacional a seguir aceptando su continua marginación del gobierno. Firmada en 1904 la Paz de Aceguá, las consecuencias de la revuelta fueron: A) La consolidación de la unidad del Estado. El triunfo colorado implicó la finalización de la política de coparticipación en los gobiernos departamentales. B) Gobierno excluyente de partido y C) La Reforma Electoral.
Con la asunción de Claudio Williman se continuó con un gobierno batllista. El 25 de agosto de 1909 se produjo la inauguración del puerto de Montevideo que estaría al servicio público y el Estado se reservaba la administración portuaria. El país contaba desde este momento con un medio que le permitiría competir con Buenos Aires en relación con el tráfico de ultramar.
Durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez hubo importantes aportes a los derechos laborales de los trabajadores. Se prohibía el trabajo de menores de 13 años, se restringía la jornada a los menores de 19; la mujer dispondría de 40 días de descanso en el período de embarazo, el descanso obligatorio era de un día cada siete y un máximo de 48 horas semanales de trabajo. Se estableció la jornada de trabajo en 8 horas. También se creó una ley de pago de indemnizaciones por accidentes de trabajo. Se aprobó una pensión a la vejez que podían utilizar todas las personas mayores de 65 años y de cualquier edad en caso de invalidez absoluta, que se encontrara en la indigencia. Se estableció la indemnización por despido que dependía de la cantidad de años trabajados.
En lo que se refiere a la actividad económica del Estado (estatización y nacionalización). El principio ideológico era que los servicios públicos esenciales debían estar en manos del Estado, ya que éste era el organismo representativo de la sociedad, es decir, de todas las clases sociales, y estaba por encima de sus disputas; el Estado debía intervenir allí, donde el capital privado fuera indeciso o temiera perder dinero, porque no estaba guiado por el afán de lucro sino de servicio público; el Estado debía sustituir a las empresas extranjeras que se llevaban la ganancia fuera de fronteras debilitando así el país.
Fue así que se produjo la estatización del Banco República Oriental del Uruguay, 1911 y 1913, la del Banco Hipotecario del Uruguay, en 1912, y la de los seguros, que pasaron de manos privadas a manos estatales con la creación en 1911 del Banco de Seguros del Estado. Se creó a su vez, en 1915 la Administración de Ferrocarriles del Estado.
Se produjo la secularización de actos públicos.
Como jefe del ejecutivo aseguró la unidad nacional acabando con diversas rebeliones departamentales, estableció la jornada laboral de ocho horas, la indemnización laboral y promulgó la primera ley del divorcio en Latinoamérica, que reconocía los derechos de las mujeres; también creó institutos de enseñanza media en todas las ciudades departamentales. Durante su presidencia, se crearon empresas públicas que competían con las privadas, proporcionando servicios más baratos.
Durante su segundo mandato, sentó las bases para la futura reforma constitucional. Es decir, que produjo en todos los ámbitos la modernización del Estado. Su filosofía, aún sigue presente en la mentalidad de los uruguayos, independientemente de partidos políticos.
[editar] Deterioro económico
Hacia 1955 se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones públicas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad que incluyó la lucha armada a través de la guerrilla urbana, protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo hasta que, ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, deciden dar un golpe de estado.
[editar] El golpe de estado
El 27 de junio de 1973, en vista de que “la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal”, el Poder Ejecutivo disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos, restringe la libertad de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.
En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Central Nacional de Trabajadores) lanza un manifiesto en el que en el que llama a la "ocupación de las fábricas, estado de alerta y asamblea". El Partido Comunista del Uruguay toma resoluciones también en la noche del 26 de junio respecto a la huelga general con ocupación de fábricas, moviendo a miles de sus afiliados de agrupaciones de empresas que en la misma madrugada se dirigen a sus lugares de trabajo y de las agrupaciones barriales. Posteriormente se plegarían los gremios de estudiantes universitarios. La huelga duraría 15 días, la más larga en la historia del país.
Las Fuerzas Armadas detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por delitos varios todo el tiempo que duró la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 200 personas.
En 1976, al terminar Juan María Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista.
Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.
Mientras continuaba la persecución de los "sediciosos", Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años.
[editar] Retorno a la democracia
El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez, quien en 1984 llama a elecciones. Tras realizarse ese mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. Durante los primeros días de 1985 Gregorio Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno y finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.
En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar la ley 18.548 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de impunidad" o "ley de caducidad"), que consagra la impunidad a la violación de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del "voto verde". El triunfo del "voto amarillo" significó no derogar la ley de impunidad, e indultar los crímenes ocurridos durante el gobierno militar. En los comicios de noviembre de 1989 resultó electo Luis Alberto Lacalle (del Partido Nacional). En 1994 Sanguinetti resultó electo por segunda vez y en 1999 triunfó Jorge Batlle (del Partido Colorado).
[editar] Actualidad
En las elecciones presidenciales realizadas el 31 de octubre de 2004 resultó electo Tabaré Vázquez, candidato por la coalición de Izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría con el 50,6% de los votos, alcanzando la victoria en la primera vuelta y logrando un parlamento con mayorías absolutas. Es la primera vez en 174 años que no accede al gobierno ni el Partido Colorado ni el Partido Nacional.
En las elecciones municipales realizadas el 8 de mayo de 2005 hubo un cambio significativo en los liderazgos departamentales, logrando el partido nacional 10, el partido colorado 1 y EP-FA-NM 8 de las 19 intendencias en disputa. Esto marcó un cambio histórico rompiendo la hegemonía de 174 años de gobiernos departamentales blancos o colorados.
En las próximidades del puente General San Martín, que une a Uruguay con Argentina, y a dos kilómetros de la ciudad de Fray Bentos el gobierno uruguayo autorizó en 2005 la instalación de dos plantas de producción de celulosa a la firmas Botnia (Finlandia) y ENCE (España). Dicho emprendimiento, que supone la mayor inversión en la historia del país, generaría unos 1.000 puestos de trabajo para Fray Bentos y otras ciudades del departamento de Río Negro.
El hecho generó un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay luego de que los manifestantes argentinos, reunidos bajo la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú decidieran cortar el tránsito por el puente San Martín.
Si bien el gobierno uruguayo y las empresas aseguran que la tecnología de última generación de las industrias no generará un impacto ambiental de consideración, el gobierno argentino insiste en la necesidad de la realización de un informe de impacto ambiental por parte de científicos independientes, el que implicaría la suspensión de las obras de las industrias por 90 días.
La negativa de las empresas a paralizar las obras por dicho plazo de tiempo derivó en la presentación de una demanda internacional ante la Corte Internacional de Justicia por parte de Argentina, que acusa a Uruguay de violar acuerdos internacionales, principalmente el Tratado del Río Uruguay.
Por su parte el gobierno uruguayo ha planteado en el ámbito del Mercosur un reclamo frente a Argentina por los perjuicios económicos que entiende le ha ocasionado el conflicto, el cual recibirá laudo arbitral de carácter obligatorio por parte del Tribunal Ad Hoc formado especialmente para resolver el caso. Este tribunal comenzó el proceso correspondiente el 25 de junio de 2006 [50].
El laudo del Tribunal Ad Hoc se espera para el 7 de septiembre de 2006 y podrá ser apelado ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, con sede en Asunción, que es el órgano encargado de dar una solución definitiva.
Dada la coyuntura en la que se encuentra Uruguay en el Mercosur, se ha planteado, en el seno de la sociedad uruguaya la discusión sobre la posibilidad de que el país firme un Tratado de libre comercio con Estados Unidos (principal destino económico de las exportaciones uruguayas). El mismo diversificaría la economía uruguaya y la haría menos dependiente de la inestable situación del Mercosur. Se espera que las negociaciones con Estados Unidos comenzarían en octubre.
Esta situación llevó a que el senador Jorge Larrañaga interpelara conjuntamente a los Ministros de Economía, Danilo Astori y de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, en virtud de las posiciones encontradas dentro del gobierno del Frente Amplio.
El presidente Tabaré Vázquez junto con el Ministro de Economía y el de Industria tienen una posición favorable, mientras que el canciller Gargano, junto con el sector político del Ministro de Ganadería José Mujica están en contra del TCL, en virtud de las posibles violaciones a la soberanía del país que podría significar el Tratado. Por su parte, el propio José Mujica no se ha opuesto, hasta no conocer el texto del tratado; misma postura seguida por la Ministra de Desarrollo Social la comunista Marina Arismendi.
[editar] Véase también
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