Ley del Timbre

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La Ley del Timbre (Stamp Act, en inglés) fue impuesta por Inglaterra a sus colonias norteamericanas en 1765. Consistía en un impuesto sobre todo papel legal, para trámite burocrático e incluso a las editoriales. La idea de la Corona era solventar con estos ingresos los gastos producidos por la Guerra de los Siete Años contra Francia y la defensa de las colonias.

Esto era común en la metrópoli y en otros países europeos, pero desconocido en América, los colonos se organizaron para resistir esta medida, por considerarla abusiva y también por no haber tomado parte en la decisión de la misma. Aparece el reclamo de representación en el parlamento inglés.

Los sectores más afectados por esta ley (comerciantes, hombres de negocios, abogados, periodistas y clérigos) impulsaron un boicot que paralizó el comercio con la metrópoli e impidió que se pusiera en práctica la Ley del Timbre. Este boicot fue exitoso ya que en marzo de 1766, el Parlamento anuló la ley porque comprendió que era imposible sostenerla contra una oposición tan unida y porque el boicot afectaba los intereses de los mercaderes y fabricantes ingleses. Pero, como el Parlamento no quería renunciar a su derecho de fijar impuestos en las colonias, votó la Ley Declaratoria, que sostenía su legítimo derecho a obligar a las colonias a aceptar su legislación.