Reforma Procesal Penal (Chile)

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Reforma Procesal Penal, se denomina al mayor cambio estructural de la Justicia Penal de la República de Chile. Iniciada por la Ministra de Justicia del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, doña Soledad Alvear Valenzuela. Esta reforma reemplazó el viejo sistema inquisitivo y escrito que operaba en Chile desde principios del siglo XX, por un sistema acusatorio y oral, cuyos protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando o defendiendo al imputado respectivamente) en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.

La base del nuevo sistema (denominado adversarial) es la controversia entre las partes involucradas y la elección de las audiencias como la metodología más eficiente para la toma de decisiones. Otra de las características de este sistema es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.

Este cambio fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la IV Región de Coquimbo y la IX Región de la Araucanía, el 16 de diciembre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el día 16 de junio de 2005, durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar.

[editar] Primer juicio

El primer juicio oral en Chile se llevó a cabo ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, el 21 de marzo de 2001, en virtud de acusación fiscal en contra de un imputado por un delito de robo con intimidación. La defensa, en dicha ocasión, postuló la calificación jurídica de los hechos a título de amenaza no condicional, posición que fue acogida. El fiscal del caso fue Rodrigo De la Barra Cousiño y los abogados defensores fueron Diego Falcone Salas e Inés Rojas Varas.