Proceso de Reorganización Nacional
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Como Proceso de Reorganización Nacional se autodenominó la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, a consecuencia de un golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Armada) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). Esta denominacion fue dada por los propios militares que llamaron de esta manera al conjunto de los planes y politicas, tanto sociales como economicas, que se harian durante el gobierno militar destinados a reorganizar el país.
La junta llegó al poder en un contexto de violento enfrentamiento entre las facciones izquierda y derecha del movimiento peronista; en creciente tensión desde la década del '60, se habían agravado durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón y exacerbado a su muerte. Continuando el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado, la junta llevó a cabo una guerra sucia contra la oposición de izquierdas; con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de estado, Henry Kissinger, avaló expresamente el recurso a medios violentos para erradicar la "amenaza del comunismo"[1]—, el gobierno secuestró, torturó y asesinó miles de disidentes y sospechosos políticos de toda índole, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Los que eran llevados a estos, a partir de ahí, se pasaban a llamar desaparecidos, y gran cantidad de ellos fue enterrada en fosas comunes.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:
- 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
- 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
- 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
- 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas fueron presidentes de facto Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.
La falta de apoyo al gobierno militar los llevó a emprender la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra el exterior. La derrota infligida marcó el fin político de sus dirigentes, y meses más tarde se llamó a elecciones, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Los líderes del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno gracias al decreto número 158/83 del gobierno de Alfonsín, que además decretó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, los máximos responsables del terrorismo de estado fueron condenados a largas penas de prisión, aunque los mandos intermedios se beneficiaron de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Alfonsín. Fueron indultados por Carlos Menem pocos años más tarde.
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[editar] Inicio del Proceso
Los autores e ideólogos del golpe emplearon este nombre para la fractura del orden jurídico y la dictadura surgida de ella como justificación, argumentando que el orden democrático era insuficiente y que se requería de la fuerza para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la supuesta intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Esta excusa, en realidad, sirvió para reprimir en forma sistemática toda forma de protesta social, implementándose un régimen de terrorismo de estado; entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los acusados de subversión, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicación.
[editar] La guerra sucia
Durante el Proceso de Reorganización Nacional decenas de miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer o forzadas al exilio, como parte de un plan represivo.
El número exacto de "desaparecidos" no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; la CONADEP documentó 8.961 casos; y hasta 2006 la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, muchos de los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de suprimirse su identidad. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta 2006 habían encontrado a 82.
Durante ese tiempo llegaron a funcionar 610 de centros clandestinos de detención, entre los más conocidos la ESMA y el Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, el Campito y el Vesubio, en la Provincia de Buenos Aires, y la Perla, en Córdoba.
La mayor parte de los detenidos-desaparecidos fueron asesinados y hechos desaparecer en los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Estas acciones de represión ilegal constituyeron la llamada guerra sucia y dejaron a las Fuerzas Armadas (sin sustento constitucional eran simples "bandas armadas") en una situación de ilegitimidad e ilegalidad similar, o aun peor, que las otras fuerzas irregulares a las que supuestamente se intentaba combatir.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe "Nunca Más".
Por estos crímenes de lesa humanidad las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.
[editar] La política económica
El Plan Económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñada básicamente por el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981.
El Plan Económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explícito detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus ventajas naturales. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff,373).
Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva de "guerra sucia", Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más volverá a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires).
Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener un política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de1978 un sistema de devaluación programada, apodado la tablita. Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.
El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983 [2]. El proceso de endudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso "Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación" (Exte. 14467).
Con posterioridad a la renuncia de Martínez de Hoz se sucedieron como ministros de Economía:
- Lorenzo Sigaut (marzo a diciembre de 1981)
- Roberto Alemann (diciembre de 1981 a junio de 1982)
- Dagnino Pastore (julio a agosto de 1982)
- Jorge Wehbe (agosto de 1982 a diciembre de 1983)
[editar] Bibliografía
- Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas (1998), El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas en Argentina, Buenos Aires: Ariel. ISBN 950-9122-57-2.
- Proyecto PNUD-OIT (1988), Documento de Trabajo Nº 18: El salario mínimo en Argentina: alcances y evolución (1964-1988), Ginebra: OIT. ISBN.
- Schvarzer, Jorge (1996), La industria que supimos conseguir, Buenos Aires: Planeta. ISBN 950-742-690-6.
- Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), Condiciones de vida; series históricas, Buenos Aires: INDEC. [2].
[editar] Política cultural y educativa
El Proceso de Reorganización Nacional tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva de guerra sucia. Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística.
[editar] El Proceso quema los libros
El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera.
“Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”. Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la "Operación Claridad": plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.
“En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. La Vigil, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en depósitos, a principios de la década del setenta. El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto nº 942. Ocho miembros de su Comisión Directiva detenidos ilegalmente, su control de préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa del poeta Juan L. Ortiz” “El periodista y escritor Mempo Giardinelli sufrió las consecuencias de la pasión ígnea de los militares: su primer novela fue quemada junto a una de Eduardo Mignogna”. “(Enrique) Medina es, quizás, uno de los autores más sistemáticamente perseguidos por la censura, durante la dictadura e incluso antes”, según Invernizzi y Gociol. Manuel Pampín, de Corregidor, editó parte de la obra del autor de Las Tumbas, como Sólo ángeles cuya sexta edición fue prohibida aunque no la séptima, una copia de la anterior". “La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow quien además tuvo un juicio ‘por publicación y venta de material subversivo’. El fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí”. Marcelo Massarino - Revista Sudestada 46, 18/03/06
[editar] Todos eran subversivos
"Para obtener sus objetivos (los subversivos) han usado y tratan de usar todos los medios imaginables: la prensa, las canciones de protesta, las historietas, el cine, el folklore, la literatura, la cátedra universitaria, la religión..." Almirante Armando Lambruschini
"El teatro, el cine y la música se constituyeron en un arma temible del agresor subversivo. Las canciones de protesta, por ejemplo, jugaban un papel relevante en la formación del clima de subversión que se gestaba: ellas denunciaban situaciones de injusticia social, algunas reales, otras inventadas o deformadas." Teniente General Roberto Viola
"En nuestros días, se ha consumado lo peor que podía ocurrir y de las más funestas consecuencias: la infiltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional y, más aún, en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica Romana." General Manuel Bayón, director de la Escuela Superior de Guerra, 1977
"Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión no hemos tocado más que la parte alta del iceberg (...) Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos, y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona, Dauphine y Grenoble, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina." General Acdel Edgardo Vilas, Comandante de la V Región Militar, 1976
"A partir de una simple composición sobre las estaciones del año, un maestro subversivo o un idiota útil comentará a sus alumnos la posibilidad de combatir el frío según los ingresos de cada familia (…) Para los educadores: inculcar el respeto por las normas establecidas; inculcar una fe profunda en la grandeza del destino del país; consagrarse por entero a la causa de la Patria, actuando espontáneamente en coordinación con las Fuerzas Armadas, aceptando sus sugerencias y cooperando con ellas para desenmascarar y señalar a las personas culpables de subversión, o que desarrollan su propaganda bajo el disfraz de profesor o de alumno (…) Para los alumnos: comprender que deben estudiar y obedecer, para madurar moral e intelectualmente; creer y tener absoluta confianzas en las Fuerzas Armadas, triunfadoras invencibles (sic) de todos los enemigos pasados y presentes de la Patria." General Luciano Benjamín Menéndez
[editar] Combatir la subversión
El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para "neutralizar el germen subversivo" que intentaba crear defensas en la sociedad. Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:
En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado "Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas":
"-Léxico marxista para uso de los alumnos: (...) Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este 'trasbordo ideológico' que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo. -Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a 'novelistas latinoamericanos' o 'literatura comprometida' en general. -Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones. -Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituído a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para 'pasar' ideas."
En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles "Un elefante ocupa mucho espacio", de Elsa Bornemann, y "El nacimiento, los niños y el amor", de Agnes Rosenstichl (ambos de Ediciones Librerías Fausto), por tratarse de "cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo."
El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto "Conozcamos a nuestros enemigos", cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:
"El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo (sic). En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que 'es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado."
En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió las obras "La educación como práctica de la libertad" (Editorial Siglo XXI) y "Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia" (Editorial La Aurora), del pedagogo brasileño Paulo Freire, ya que, según las autoridades, "sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana."
Tammbién en octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela "La tía Julia y el escribidor", del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que "revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de éstas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del Estado de Sitio".
El interventor del Instituto Nacional de Cinematografía, capitán Bitleston, señaló, días antes de celebrarse en Buenos Aires la Semana del Cine Español, del 23 al 31 de julio de 1979, la "inconveniencia" de presentar varios de los filmes seleccionados por la Dirección General de Cinematografía de España para ser exhibidos en Buenos Aires. Los directores y productores españoles, enterados de la censura previa, se negaron a enviar sus películas, lo que motivó la postergación sine die del evento.
En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de Editorial Salvat, editada en Barcelona, por "incurrir en falseamiento de la verdad histórica (...) analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico." En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat: "Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la Enciclopedia y el Diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante (...) un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología".
En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de "El Principito".
Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, son prohibidos, como José Menegazzo (Piero), Nacha Guevara, Aída Bortnik, María Elena Walsh, Horacio Guaraní, Gian Franco Pagliaro, Griselda Gambaro, Mercedes Sosa, Litto Nebbia, Sergio Renán, César Isella, Pacho O' Donell, Ariel Ramírez, entre muchos otros, o perseguidos y asesinados. Boris Spivacow
Además de ser gerente de Eudeba durante ocho años y fundador del Centro Editor de América Latina (CEAL) –dos sucesos editoriales inigualables en la historia–, José Boris Spivacow resistió con las armas de la cultura a la nefasta dictadura que le quemó un millón y medio de ejemplares. La plaza ubicada en la esquina de Las Heras y Austria en Buenos Aires lleva su nombre, a partir de una iniciativa conjunta de la Biblioteca Nacional y de la Cámara Argentina del Libro. Hector G. Oesterheld
Nació en Buenos Aires en 1922. A fines de la década del 40 comienza escribiendo cuentos infantiles, publicados por la Editorial Abril. Luego colabora en la mítica revista Mas Allá, y en 1950 publica su primer historieta, «Alan y crazy». Hacia 1955 publica «El sargento Kirk» y «Bull Rokett». En 1957, con dibujos de Solano López, publica la primera parte de «El eternauta», que se convertiría en la más famosa hisorieta argentina. Hector G. Oesterheld, como otros 30.000 argentinos, fue secuestrado y asesinado en 1977 por la dictadura militar.
Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna, o los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.
Las universidades fueron intervenidas, y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron "depurados" de todo contenido considerado contrario a la cultura "occidental y cristiana".
[editar] Bibliografía
- Ruffa, Fernando: "La censura y quema de libros durante la dictadura militar", en ANRED.- Cultura(22 de marzo de 2006): 2006.- [3]
- Almirón, Fernando (2001), Camposanto.
[editar] La Guerra de las Malvinas (1982)
Durante el Proceso de Reorganización Nacional, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía es ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas.
La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone quien iniciará un proceso de restauración del sistema democrático.
Actualemte la nación argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Constitución Nacional: Disposiciones Transitorias, Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.).
[editar] Fin y consecuencias del Proceso
Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Bignone, el último líder de la Junta Militar.
La campaña presidencial de 1983 opone el candidato peronista Ítalo Luder, quien rechaza una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada or los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables de la terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 10 de octubre Alfonsín vence con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
Apenas asumida la presidencia el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín (1983–1989), firmó los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más fue entregada a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984.
El gobierno radical ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas, con la participación destacada del fiscal, Julio César Strassera. Su sentencia condenó a los integrantes de las Juntas Militares a severas penas corporales por delitos de lesa humanidad, incluyendo la reclusión perpetua a los principales reponsables. Era la primera vez que se enjuició a quienes detentaron la suma del poder público sin más armas que las leyes. Se los enjuició por los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano, aplicando el código penal vigente en la república desde 1922. Éste fue un hecho único en el mundo que sentó precedentes para que se incluyera en el Código Penal la figura de la desaparición forzada de personas, imitada por varios países y que logró a la vez que la ONU la declarara delito de lesa humanidad.
Sin embargo, cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada Guerra sucia.
En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.
El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (Nº 23.492) y Obediencia Debida (Nº 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas "insanablemente nulas" (Artículo 1º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.
[editar] Día Nacional de la Memoria
El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.
[editar] Aplicación del concepto de genocidio
El Tribunal Federal Nº 1 de La Plata utilizó por primera vez en el país la figura de genocidio para describir las acciones realizadas por el Estado argentino durante estos años. Si bien cita el hecho de que durante algunos años la legislación internacional contemplaba los motivos políticos en la definición, la fundamentación para aplicar la definición se centra principalmente en el hecho de que las víctimas pertenecían a un grupo nacional: el argentino. La sentencia se refiere a la condena al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por casos relacionados con detenidos-desaparecidos, leída el 19 de septiembre de 2006.
[editar] Referencias
- ↑ Grech, Daniel A.; U.S. OK'd "dirty war". Miami Herald, 4 de diciembre de 2003 [1]
- ↑ Banco Central, Memoria 1985, pag. 147
[editar] Enlaces externos
- Sitio del gobierno argentino sobre el Proceso de Reorganización Nacional
- Sitio del Ministerio de Educación argentino sobre el Proceso de Reorganización Nacional
- «Nunca Más» (Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas -1984-)
- Argentinos por la Memoria Completa
- Sentencia dictada por el Juez Jorge Ballesteros en el juicio penal Olmos, Alejandro c/ Martinez de Hoz y otros s/ Defraudación, del 13 de junio de 2000
- Sentencia dictada por el Tribunal Federal Nº 1 de La Plata en el juicio a Miguel Etchecolatz
- Sitio web sobre la década del 70
