Fueros de Aragón

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En 1247, el rey Jaime I de Aragón convocó Cortes Generales del Reino en Huesca con la intención de continuar la obra legisladora de la Corona y compilar en un solo documento las normas que habían de regir la actividad privada y la administración de justicia. Los nombrados por los distintos Concejos aprueban entonces los Fueros de Aragón sobre la base de la obra jurídica previa realizada por el Obispo de Huesca, Vidal de Canellas que recoge una parte sustancial de los fueros locales.

En el Privilegio Real de 1283, Pedro III de Aragón confirma los fueros y su aplicación se extiende a todo el Reino.

Los fueros en su origen eran pactados, esto es, fruto de una aportación común de los Concejos a los que el Rey daba su visto bueno. En un primer momento se compilaron y llegaron a tener hasta doce libros en las revisiones de 1496, 1517 y 1542. En 1552 se realiza una gran refundición, incluyendo las Observancias. La última tarea de compilación se produce en 1667. La labor de codificación se vio superada en muchas ocasiones por las normas que dictaban las propias Cortes de Aragón y que se incorporaban como parte de las normas jurídicas del Reino.

La aplicación de los fueros decae, a raíz de la muerte de Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, ordenada por Felipe II para eliminar la fórmula del acuerdo como base de redacción de los fueros. En 1592, las Cortes aragonesas se reúnen en Tarazona y modifican sustancialmente las normas. A partir de este momento será el Rey quien establezca el contenido. La unificación con Castilla acabará definitivamente con el derecho local: En 1707, Felipe V abolió definitivamente los fueros con la implantación de los Decretos de Nueva Planta que apenas dejan en un lugar secundario a los viejos fueros en la regulación de cuestiones particulares.